Protagonismo empresarial y liderazgo de la acción pública
La inestabilidad financiera internacional y las dificultades de los países de la OCDE para salir de la crisis han desviado la atención de los analistas de Occidente del proceso de transformación competitiva que continúa produciéndose en la economía mundial. La crisis no va a invertir un proceso de globalización que exige de nuestras empresas dosis crecientes de flexibilidad en momentos, de por sí difíciles, en los que la acción política debe responder con eficacia y liderazgo.
La competencia de nuestras empresas proviene, de manera creciente, de naciones otrora denominadas subdesarrolladas que superan ya la categoría de emergentes. Baste decir que la cuota de estas economías en el PIB mundial será muy pronto del 50% en un proceso de convergencia en el que hoy más de la mitad del crecimiento económico proviene de estos países.
Nuestra competitividad depende de la eficacia y capacidad innovadora de los empresarios, que podrán materializar sus iniciativas en los mercados globales si se apoyan en el binomio innovación-internacionalización, algo que ya no es una opción sino que constituye una necesidad estratégica para nuestras empresas.
La Administración debe contribuir a conformar un marco institucional favorable a la actividad emprendedora y, para ello, obrar un profundo cambio de cultura en las políticas públicas que sitúe definitivamente a la empresa en el centro de atención, reforzando la unidad de la acción pública.
En mi opinión, ello exige la adopción de un modelo de coordinación fuerte de la Administración económica de España, concentrando en el Ministerio de Economía las políticas de internacionalización e innovación, conformando así un verdadero Ministerio de apoyo a la actividad empresarial dotado de programas corregidos de los sesgos instrumentales, sectoriales y geográficos que han condicionado en el pasado su eficacia e hipotecado los fondos presupuestarios disponibles.
La implantación de este modelo requerirá un relevante esfuerzo de coordinación y el rediseño de la estructura de entidades y programas de apoyo, redirigiendo los recursos y servicios públicos directamente hacia las empresas, de acuerdo con sus capacidades, talento e impacto global potencial, algo que no debe ser necesariamente más oneroso para el erario público.
El Gobierno emanado de las urnas el próximo 20 de noviembre deberá hacer frente a grandes retos y resistir la presión de poderosos y beligerantes grupos de interés. Esperemos que la tiranía del statu quo no impida la adopción de los cambios en la acción política que España necesita.